miércoles, 8 de junio de 2011

CÓMO SE LEVANTAN LAS ALFOMBRAS EN LAS CC.AA

El PP ha desatado la voz de alarma al anunciar que hará auditorías externas en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos en los que entrará a gobernar tras la contundente victoria del 22-M. No se fía de las cuentas que heredará del PSOE. La guerra de cifras del déficit y de la deuda que acaba de saltar a la opinión pública, y que está provocando fuertes divisiones entre los dos grandes partidos, no es nueva. Aunque con matices, el problema ya estalló tras el cambio de Gobierno en Cataluña, y aún está muy lejos de solucionarse.
Al hablar de levantamiento de alfombras, nos referimos a la búsqueda de mentiras, maquillaje de los balances o intentos de ocultar deudas reales, en las cuentas públicas del país para que éstas presenten la mayor transparencia y fiabilidad posible.
El PSOE se muestra opuesto a esta práctica anunciada por Rajoy en las comunidades en las que el PP obtenga el poder, cosa que dice muy poco de este partido. Si se pretende salir de la crisis, saber qué se debe y se tiene que pagar y qué no, no se deberían poner impedimentos a la hora de revisar unas cuentas que evidentemente no han sido bien llevadas. Si bien, claro está, es un largo y difícil trabajo que conllevará la cooperación de los Gobiernos presentes, pasados y futuros para dar una imagen fiel de lo que realmente ocurre en nuestras arcas.


¿Cómo se contabiliza el déficit oculto del que hablan ya los futuros dirigentes de las comunidades? 


Por ahora los cálculos sobre el déficit y la deuda oculta son simples estimaciones, y para medir con precisión los números rojos en comunidades como Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña habrá que esperar al trabajo de las grandes auditoras, que serán las que "levanten las alfombras" y confirmen el dinero y deudas que están ´en el aire´.
¿Cómo se realiza una auditoría en una administración pública? 
Según José Luis Ruiz Expósito, socio responsable de Mercados de Ernst & Young,una de las mayores empresas a nivel internacional de información económica y auditorías, afirma que cuando los gobiernos encargan auditorías realmente piden un “plan estratégico”.
Ruiz Expósito aclara que una auditoría en sentido estricto consiste en hallar "cuál es el déficir a día de hoy", pero Artur Mas, revisor de las cuentas catalanas, defiende que "una foto clara de la que partir" es solo el comienzo.
Por su parte las administraciones pretenden que las empresas descubran los pagos a los que habrá que hacer frente y los que sean cancelables, para sanear sus arcas.
¿Cuánto se tarda en hacer una auditoría en una CCAA?
Como mínimo, hay que esperar seis meses desde el anuncio. Los trabajos de los auditores tardan 75 días (dos meses y medio), a los que se le añaden los días necesarios para la elaboración de los pliegos y en los que está abierto el concurso.Así, no se esperan daros fiables de las comunidades en las que ha ganado el PP hasta finales de 2011, como han reconocido desde el propio partido.
¿Se hacen igual las auditorías en el sector público y en el sector privado?
El procedimiento es parecido, pero mientras que las empresas privadas analizan el resultado y el balance, para las empresas públicas es más útil vigilar otros aspectos como la liquidación del presupuesto, el remanente de tesorería y sus componentes.
En las administraciones también sería prioritario conocer cuáles son los derechos pendientes de cobro (las facturas que no cobran las administraciones) y las obligaciones pendientes de pago (las deudas con los proveedores).
¿A qué se refieren los políticos cuando hablan de facturas en el cajón?
Las normas contables permiten que muchas de las facturas y deudas del sistema sanitario no se contabilicen en el ejercicio en el que se compra el bien o presta el servicio y que se computen en años futuros. Este hecho es cuestionable políticamente pero a lo que se refieren los políticos es a las facturas aparcadas con las que ni siquiera se cuenta en los ejercicios posteriores.
¿Por qué se encargan a auditores externos y no a funcionarios?
Algunos funcionarios critican que se haya puesto en cuestión su trabajo, pero la cuestión no es meramente crítica si tenemos en cuenta que los partidos que llegan al poder pretenden, además de examinar a la administración anterior,obtener ideas,medidas concretas...en definitiva, programas de recortes y subidas fiscales avalados por una firma independiente.
El impacto de los cambios de Gobierno en las arcas públicas
Sería necesario poner al público un poco en la situación en la que se encuentra España tras las pasadas elecciones.
Colaboración en Aragón
Por ahora Aragón parce que va a ser la región con un cambio de Gobierno menos traumático. Todo inda que gobernará el PP ( con 37 de los 60 diputados de la Cámara Regional) con el apoyo del PAR. A estas alturas ninguno de los dos partidos tiene prisa por cerrar un acuerdo y mientras el presidente del PAR, José Ángel Biel, espera que se conformen los ayuntamientos y las diputaciones, la candidata popular, Luisa Fernanda Rudi, se plantea gobernar en coalición o con un pacto de legislatura.
Marcelino Iglesias, el todavía presidente aragonés, le ha hecho una “oferta de total colaboración” a Rudi, y ha pedido a todos sus consejeros “un informe completo y exhaustivo para poder hacer en las mejores condiciones el traspaso”. El presidente aragonés en funciones ha dejado claro que no dificultará las negociaciones del PP con el PAR.
Complicaciones en Baleares
En Baleares, la voz de alarma sobre el armazón financiero la daba el pasado día 1 el inminente presidente del PP en Islas Baleares, José Ramón Bauzá. El ganador de las elecciones del 22-M dio constancia de su temor a que la situación de las cuentas en las Islas fuera “ peor” de lo previsto. Un día después, el mismo dirigente ‘popular’ recordaba que la comunidad tiene un límite de déficit del 1,3% para este año y que durante el primer trimestre ya cuenta con una tasa “del 0,97%, que sepamos”.
“La situación va a ser francamente complicada y, lo más importante, los ciudadanos tienen que saber cuál es el estado de cuentas real y no el que se nos facilitan”, apuntó. No obstante, el Ejecutivo saliente no ve así la jugada. El pasado viernes, la portavoz del Gobierno en funciones, Joana Barceló, consideraba que el próximo Gabinete autonómico no se encontrará “ninguna sorpresa” con las auditorías internas que el PP anunció que realizará en todas las instituciones en las que gobierne.
Empresas públicas paralelas en Asturias
Otra de las comunidades que está bajo lupa es Asturias. Allí, Francisco Álvarez Cascos, líder de Foro Ciudadano, el partido más votado en las elecciones, sabe que cuando forme gobierno –aún está por ver con quién– se enfrentará a “problemas políticos (corrupción), económicos (parálisis), y sociales (paro)”, según señaló ayer en un encuentro online en El Mundo. La presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, fue más allá al avisar de que existen “muchos indicios” para pensar que en el Principado “puede haber ocurrido lo mismo” que su partido ha denunciado en Castilla-La Mancha.
“Existen muchos indicios para pensar que lo mismo que en Castilla-La Mancha puede haber ocurrido en Asturias o en Gijón con tantos y tantos años de gobierno monocolor”, afirmó la diputada nacional. Fernández Pardo dio enfatizó al afirmar que ya se ha denunciado que “se habían montado muchas empresas públicas paralelas”. Indicó que ha habido informes de la Sindicatura de Cuentas que avalaban que “los contratos no se estaban haciendo de manera regular”.


Como se ha podido observar, la situación de la economía española pende de un hilo muy fino y no realzará el vuelo si no se toman estrictas medidas y se revisan a conciencia las cuentas del pasado.

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